Pero, según el informe, el cirujano que la atendió la esterilizó durante la cesárea, sin pedirle permiso, por ser VIH positiva.

“Me trataron como si fuera menos que una persona”, dijo la mujer. “No fue mi decisión poner fin a mi fertilidad; me la quitaron”.

La historia de Francisca no es un hecho aislado, dijo Suzannah Phillips, una de las autoras del informe, que documenta casos de tratos discriminatorios a madres con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).

El informe, titulado “Dignity Denied” (Dignidad negada), señala que las esterilizaciones forzadas a mujeres VIH positivas en Chile eran habituales antes de 2000, cuando se revisaron sus leyes sanitarias para incluir el concepto de “consentimiento informado”.

Éste consiste en un proceso de comunicación por el cual los pacientes autorizan voluntariamente un tratamiento luego de haber sido asesorados adecuadamente sobre todas las opciones posibles.

Pero la práctica continuó: en un estudio de Vivo Positivo de 2004, 29 por ciento de las participantes –mujeres seropositivas– dijeron que sus proveedores de servicios de salud las presionaron para esterilizarse, mientras que 12,9 por ciento dijeron haber sido esterilizadas sin mediar su consentimiento.

Vasili Deliyanis, coordinador ejecutivo de Vivo Positivo, dijo a IPS que, por un lado, Chile “es uno de los países que más ha bajado la tasa de nacimientos de bebés seropositivos”, gracias a la aplicación de un protocolo sobre transmisión vertical. Pero, por otro, las chilenas con VIH siguen siendo discriminadas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, aseveró.

Para María Eugenia Calvin, de la no gubernamental Fundación Educación Popular en Salud (EPES), las esterilizaciones sin consentimiento son sólo la expresión más grave de un problema más profundo.

En Chile “no hay programas específicos dirigidos a las mujeres que viven con VIH en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos”, planteó la asistente social, coautora de varias investigaciones sobre el tema.

Pese a que la normativa de salud en Chile incorpora el enfoque de género y de derechos, y que la atención de las personas viviendo con VIH es buena en el país, “hay limitaciones en el abordaje” de la realidad particular de estas mujeres, enfatizó Calvin.

Ellas no están incluidas, por ejemplo, en las orientaciones del Ministerio de Salud sobre atención humanizada del parto, planteó, lo cual se hace necesario debido a las diversas restricciones que sufren en este proceso, como no poder amamantar al recién nacido.

En el marco de un estudio sobre violencia contra las mujeres y feminización del VIH/sida, publicado en 2009, EPES entrevistó a 102 chilenas viviendo con esta enfermedad.

Algunas de ellas contaron experiencias de esterilizaciones sin consentimiento y de presiones del personal de salud para realizarse el procedimiento, aseguró Calvin.

Calvin también llamó la atención sobre la falta de programas de prevención del VIH/sida orientado a las mujeres, señalando que las campañas nacionales contra esta enfermedad aún se concentran en los hombres que tienen sexo con hombres.

Aunque el informe “Dignity Denied” se centra en Chile, Phillips dijo a IPS que los 27 casos que incluye son representativos de una tendencia mundial que “probablemente surgió en la última década”.

Desde el estudio de 2004, madres seropositivas a las que esterilizaron por la fuerza presentaron demandas en República Dominicana, México, Namibia, Sudáfrica y Venezuela. Phillips dijo a IPS que estas prácticas discriminatorias también son comunes en partes de Europa oriental y Asia.

Pero a causa del estigma que rodea al VIH/sida y al temor a represalias, las mujeres suelen ser reticentes a relatar esos maltratos. A consecuencia, “es difícil obtener datos estadísticos para saber realmente cuán generalizado es el fenómeno”, dijo Phillips.

“Las esterilizaciones forzadas no sólo son una violación fundamental a los derechos reproductivos de una mujer; tienen pocos beneficios en términos de prevención del VIH”, señala en el reporte Yakin Ertürk, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer.

Durante el primer año posterior al nacimiento de su hijo, Francisca no dijo nada sobre su esterilización forzada, señaló Phillips. Sólo cuando Vivo Positivo la contactó en una clínica donde recibía tratamiento antirretroviral empezó a saber más sobre sus derechos reproductivos y finalmente compartió su experiencia.

Phillips explicó a IPS que ella y sus coautores hallaron una “rampante” falta de concientización e información errónea en Chile, aún entre los propios profesionales de la salud, que no cuentan con la formación necesaria para tratar a pacientes seropositivos.

Casos documentados en el informe revelan que algunos médicos y enfermeros incluso estaban mal informados sobre las vías de transmisión del VIH.

En cuanto a Francisca, en 2007 demandó al hospital de Curicó en un tribunal local, con la ayuda de Vivo Positivo. Al verano austral siguiente, la rechazaron sin posibilidad de apelar. Ahora, su caso, presentado contra Chile por el Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo, está pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.